Artículo en Economía de Mallorca: «Golpe a la morosidad a favor de las pymes»

Medio millón de pymes de España en riesgo de quiebra principalmente por el retraso de pagos ¿es mucho o poco? Muchísimo. Es el escenario que se quiere conseguir evitar y donde una vez más, la fuerza del asociacionismo, obtiene sus frutos en este caso en el Congreso de los Diputados.

El mes de julio pasado la cámara alta comenzó a tramitar el deseado Régimen Sancionador a las empresas morosas (la ley obliga a pagar en un plazo máximo de 60 días) y administración pública (la ley les obliga a pagar en el plazo máximo de 30 días) y tras 11 años de lucha para conseguir este objetivo. PIMEM celebró el acuerdo a nivel nacional y se sumó a la valoración más que positiva que hizo la Plataforma Pymes que también valoró de forma muy positiva la validación de las conclusiones de Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción, que incluyen la aprobación del régimen sancionador.

La propuesta impulsada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte PIMEM, supone que las grandes empresas y administraciones públicas tengan que cumplir los plazos de pago a sus proveedores y suministradores. Ahora estamos más cerca de cobrar las facturas, reducir el endeudamiento y ayudar a las pymes a ser más competitivas. Es un paso que tiene una gran trascendencia para apuntalar uno de los pilares más imprescindibles de cualquier empresa, la financiación y cobrar puntualmente.

La Comisión de Reconstrucción del Congreso para la reactivación económica no solo ha acordado la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad de las empresas sino que a su vez ha impulsado mecanismos para que la administración pública cumpla con los plazos de pago a las empresas suministradoras. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, ha visto hecha realidad una demanda histórica y coincido plenamente con su presidente Antonio Cañete cuando asegura que es una herramienta imprescindible para pymes y autónomos, ya que incrementará la liquidez de estos y mejorará su competitividad y productividad. Y es que en el fondo se trata de evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago y reducir la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.

La difícil situación que nos toca vivir, y fruto de la crisis del COVID 19, exige poner en marcha todas las medidas posibles que pongan fin a la morosidad ya que desde PIMEM consideramos que es un elemento esencial de viabilidad y competitividad y que supone un verdadero motivo de pérdida de puestos de trabajo y de cierre de empresas.

Los datos de que disponemos hablan por sí solos. El efecto directo de este régimen sancionador será una inyección al sistema de más de 150.000 millones de euros a nivel estatal y correspondientes a las facturas pendientes de pago a proveedores por parte de las empresas cotizadas y administraciones públicas, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país.

En definitiva hemos dado pasos importantes para atajar una de las lacras que más incidencia negativa tenía en nuestras cuentas de resultados; la morosidad de administraciones y grandes corporaciones. La unidad y, en este caso también la persistencia, ha dado resultado.