PIMEM alerta de la ocupación ilegal de naves y alojamientos turísticos

PIMEM ve en la ocupación del apartahotel de Cala Bona una señal de extrema preocupación sobre cómo puede afectar a la actividad económica. El impacto que puede generar la ocupación tanto de alojamientos turísticos como de locales, naves industriales o fincas agrícolas en desuso o paralizadas por reformas o por estar en temporada baja debe ser tenido muy en cuenta por las diferentes administraciones.

Más allá de la mala imagen que pueda dar esta ocupación, la patronal mallorquina muestra su preocupación por la parálisis que representa para las empresas esta «salvajada», ya que hablamos de grupos organizados que de manera muy estudiada pueden ocupar espacios empresariales de la índole que sea para convertirlos en su vivienda o «refugio». «Las empresas, igual que los propietarios, son muy vulnerables a la ocupación debido a una legislación muy laxa», asegura su presidente, Jordi Mora. En el caso de las pymes, «nos preocupa el patrimonio que por sus dimensiones no se puede permitir seguridad privada y puede ser objeto de deseo de grupos y personas que buscan un techo o simplemente una manera de sacar dinero de manera ilegal», añade Mora.

PIMEM también asegura que desde el momento en que se ha perpetrado esta ocupación en un apartahotel, automáticamente entra en riesgo toda la oferta complementaria que, al estar en temporada baja e inactiva, se muestra muy vulnerable a una ocupación. «Estamos hablando de una inseguridad jurídica que se ha ido repitiendo en el contexto de la vivienda y ahora se traslada a las infraestructuras económicas. Es más peligroso de lo que en estos momentos podemos imaginar», aseguran desde la patronal.

La Federación pide contundencia y un desalojo rápido para no sentar precedentes ni dar esperanzas a los grupos mafiosos de expandir este «modus operandi» a otros establecimientos de otras zonas de Mallorca que gestionan su patrimonio de manera inactiva por tratarse de la temporada baja. «Un hotel, una nave industrial o una finca agrícola no puede paralizar su actividad bajo ningún concepto por una ocupación ilegal. Desde PIMEM hablamos de adelantarnos mediante una nueva legislación que no dé opciones a la ocupación y amedrente a los okupas y a los grupos organizados que, ahora sí, ya podemos decir que han pasado de la vivienda a las infraestructuras empresariales, con unas consecuencias económicas y laborales muy preocupantes».