PIMEM: el sector público supera al privado en plazos de pago

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado la persistencia de los largos plazos de pago a proveedores, tanto en las relaciones entre empresas como con las administraciones públicas. Un año más, son superiores a los permitidos por la ley, según se desprende de la nueva edición de su «Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024», elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, entre las que ha participado PIMEM.

Durante 2024, el plazo medio de pago del sector público aumentó 12 días (hasta los 67 días de media), mientras que el del sector privado se redujo en 6 días (hasta situarse en una media de 64 días). En ambos casos son registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la Ley 15/2010: un total de 30 días para las AA. PP. y de 60 días para las empresas.

En lo que se refiere en concreto al sector público, PIMEM destaca que este incremento es alarmante: por primera vez desde 2014, el plazo medio de pago de las AA. PP. ha superado al de las empresas (67 días del sector público frente a los 64 del sector privado), con el agravante de que el plazo máximo legal para las AA. PP. es de tan solo 30 días, la mitad del impuesto a las empresas.

Asimismo, el análisis recoge que más de la mitad de los encuestados en diferentes puntos de España (52%) asegura que la Administración local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración regional, con un 28% de los encuestados, y la tercera, la Administración central (con un 20% de respuestas). Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 76% de los proveedores de la Administración local, para el 78% de los de la regional y para el 80% de los de la central.

Ante estas cifras, PIMEM reclama «una solución inmediata» e insiste en que «los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan. En el momento actual, en el que la Administración está incrementando su recaudación, no existe justificación para que esta empeore sus plazos de pago, y deberían ser las primeras en respetar los tiempos que imponen, dando ejemplo al sector privado».

Los datos obtenidos por la PMcM distan de la información que aportan los gobiernos sobre sus plazos de pago, que son más optimistas y están próximos al plazo legal. Esta brecha la ha constatado el Observatorio de Pagos de la UE en su Informe Anual 2024, en el que refleja que la información que facilitan las AA. PP. de España no corresponde con lo recogido en los análisis de entidades especializadas como la PMcM.

En el ámbito europeo, la PMcM recuerda que se prevé sancionar a las empresas morosas si exceden el plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación).

Sector privado: pagos a subcontratistas a 88 días

El «Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024» analiza también los plazos medios de pago del sector privado. Para el 56% de los encuestados, el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros).

Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 74% declara que estas superan el plazo legal: el 33% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 41% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 26% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

En lo que se refiere al pago a subcontratistas por parte de los contratistas principales, el estudio cifra la media en 88 días. «Desde la PMcM venimos denunciando que la cadena de pagos en el sector público está mal controlada y esto dificulta que el dinero fluya hasta el último eslabón, hasta los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos), permitiendo que algunas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores».