Entrevista a Leonor Fuster, presidenta de Fabricants de Begudes Refrescants

1. ¿Qué trámites considera que son los más lentos o problemáticos?

Especialmente en este sector, el problema de agrupar las facturas de cada cliente crea un esfuerzo administrativo al que se han de destinar recursos. A partir de enero, las gestorías ya empezarán a pedir la documentación por certificado digital y se verá cómo funciona la digitalización de los servicios. Otra problemática menor a comentar es el aumento de la tasa a pagar a Ecoembes por la reutilización de envases.

2. ¿Ha experimentado retrasos significativos en la obtención de licencias, permisos o subvenciones?

Sí, aunque especifica que no en todos los trámites; en algunos sí que opina que hay un exceso de retraso. Un ejemplo que nos daba fue la solicitud de una licencia de obra de subsuelo en el Ayuntamiento: esta licencia también requería la autorización de la Conselleria y del Departamento de Carreteras pero, por la falta de comunicación entre entidades, pasó más de un año sin respuesta y decidieron no realizar la obra por pérdida de tiempo y recursos.

Una propuesta que Leonor apoyaría para este tipo de licencias o trámites sería la de impulsar un servicio en línea donde el ciudadano pudiera ver en qué parte del proceso se encuentra la solicitud, para poder ver en qué técnico, departamento o entidad se ha estancado, y poder revisar de forma clara y sencilla en qué estado se encuentra.

3. ¿Qué trabas administrativas considera que han afectado más al crecimiento o funcionamiento de su empresa?

Uno de los problemas administrativos que tiene este sector es la tarjeta de transporte para distribuidores, que se gestiona a través de la Conselleria de Movilidad y Vivienda. Comentaba que en España hay un exceso de controles y limitaciones de carga, y que en el resto de Europa son más laxos en este sentido. Un ejemplo claro es que, con el mismo carné de conductor, en Europa se puede llevar más carga que aquí. El gran problema para esta empresa y sector es la limitación del exceso de carga, que en la mayoría de casos se limita a 3.500 kg.

Por otra parte, el margen de carga que les permiten tener, con todas las medidas que se han de tomar para poder transportar la mercancía, es muy pequeño. En caso de que se supere este límite en los controles habituales de carga, se pagará a euro el kilo que se supere. Aunque el sector llegó a un preacuerdo con la Conselleria para que el límite fuera de 600 €, no hay ninguna legislación aprobada a día de hoy.

Otra propuesta que la empresaria ponía sobre la mesa es poder unificar una tarjeta de transporte a nivel balear o insular para poder entrar con los camiones autorizados en todos los municipios y pueblos, ahorrando así documentación duplicada.