APANIB alerta del cierre de 7 de cada 10 empresas de chárter náutico

APANIB representa a las pequeñas y medianas empresas del sector del chárter náutico profesional inscritas en lo que se llama la Lista Sexta del Registro de Buques, un registro estatal reservado a empresas con actividad económica legalmente autorizada. Estas empresas operan bajo estrictas normas de seguridad marítima, titulaciones profesionales, inspecciones periódicas obligatorias, certificados de navegabilidad y seguros de responsabilidad civil reforzada. No hablamos de actividad informal ni de intrusismo: estamos hablando de empresas que cumplen la ley, pagan impuestos, generan empleo y operan de forma sostenible en nuestras costas.

Sin embargo, tras la aprobación del Decreto 44/2025, APANIB asegura que “se ha culminado la política agresiva del Govern contra la actividad, iniciada en octubre del año pasado a instancia de intereses anticompetitivos, que afecta al tejido empresarial de la comunidad”. Desde PIMEM se añade que “se ha trasladado indirectamente a la opinión pública y a los consumidores una imagen de irregularidad o peligrosidad asociada a una parte del sector que justamente es la más regulada, supervisada y asegurada: la Lista 6ª”.

Según APANIB, “la prohibición absoluta de la venta por plazas individuales afecta a una modalidad legal en el resto de las comunidades, que socializa las actividades de ocio y recreo náuticas en contraposición a las fiestas náuticas o a un turismo de las élites económicas”. Para Àlex Mestre, vicepresidente de la asociación, el Decreto 44/2025 introduce medidas inéditas y restricciones sin justificación ni técnica ni ambiental. “Hablamos de restricciones que dañan el mercado y la reputación de quienes cumplen la ley, que no aportan mejoras ambientales ni incrementan la seguridad marítima, porque un mismo barco, con el mismo patrón, mismo seguro y mismas inspecciones, no cambia su impacto en el mar por vender plazas individuales o por alquilarse completo; lo único que cambia es quién puede acceder al mar y quién se queda fuera del mercado”.

Para PIMEM lo preocupante no es solo el efecto jurídico o económico, sino el efecto reputacional que el Govern y los instigadores del fomento de estas barreras anticompetitivas están generando con fines espurios, para crear la sensación de que la modalidad prohibida era insegura o irregular, cuando el propio Estado la autoriza, controla e inspecciona. Esto ha derivado en cancelaciones, pérdida de confianza del consumidor y un daño directo a la imagen del sector, según la Federación. Para su presidente, Jordi Mora, “se ha hecho un ataque a un sector que aporta economía productiva formada por pymes y autónomos y que, de no cambiarse este decreto, puede ver cómo cierran siete de cada diez empresas”.

De momento, según ha informado la asociación, el 28 de octubre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un Requerimiento Previo cuestionando el Decreto por detectar una desproporción en la prohibición de la venta por plazas, dudas sobre la idoneidad de la norma para fines ambientales o de seguridad, una posible invasión de competencias estatales (Marina Mercante) y una restricción injustificada de competencia que favorece a determinados operadores.

Para el presidente de APANIB, Álvaro Aguirre, “que una entidad estatal independiente cuestione una norma autonómica en estos términos confirma una preocupación que nuestro sector venía advirtiendo desde el principio: no estamos ante una regulación técnica del mar, sino ante restricciones que dañan el mercado y la reputación de quienes cumplen la ley”.

En este sentido, la nueva asociación de PIMEM recuerda que las empresas legales de Lista 6ª cumplen la ley y no pueden ser asociadas a intrusismo ni a riesgo, y que es necesario hacer pedagogía pública sobre un sector desconocido pero estratégico. Para Aguirre, “se trata de solicitar una regulación proporcionada, basada en datos y no en percepciones, y garantizar la seguridad jurídica, no privilegios, además de proteger el acceso democrático al mar, evitando que el turismo se reserve solo a quienes pueden pagar embarcaciones completas”.

La asociación, formada por unas cien empresas, recuerda que territorios como Cataluña, Valencia o Andalucía regulan esta actividad con normalidad. Solo Baleares ha optado por prohibir un modelo legal y sostenible.