PIMEM y los gestores piden reconducir el fracasado sistema de cita previa

PIMEM ha mostrado una profunda disconformidad con la gestión que está llevando a cabo el Gobierno central en referencia a la cita previa. A raíz de un informe del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, recogido por la confederación CONPYMES, tanto la Federación como el Colegio piden más recursos para poder dar este servicio sin demoras de tiempo, o poner fin a la cita previa obligatoria en la Administración Pública.

Y es que el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos lanzó el Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, acompañado de un informe que demostraba con datos el colapso del sistema actual. El informe, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del ICOGAM, analizó en su momento los trámites de los ministerios de Interior, Hacienda, Justicia, Inclusión y Educación. Las conclusiones arrojaron unos datos muy preocupantes: más del 80% de los trámites analizados carecieron de cita en algún momento entre julio de 2024 y junio de 2025.

Según ha explicado el presidente de PIMEM, Jordi Mora, «los ciudadanos llegaron a esperar hasta 36 días para obtener una cita, como ocurrió con la expedición del DNI en el mes de julio». Por su parte, el presidente del Col·legi de Gestors Administratius de Balears, Miquel Àngel Garcia, ha recordado que «las oficinas de la Seguridad Social, las jefaturas de Tráfico y los servicios de Extranjería son los más afectados. El único ministerio que mantuvo la disponibilidad casi completa fue Hacienda, aunque incluso allí se detectaron picos de demora de hasta diez días».

Tanto Mora como Garcia han coincidido en que «es indispensable garantizar siempre la atención sin cita previa como alternativa real, que se refuercen los medios humanos y tecnológicos de las oficinas públicas para absorber la demanda y que se prohíba la imposición de la cita previa como única vía de acceso». Para el presidente de la patronal, el fracasado sistema vuelve a afectar a los pequeños empresarios y autónomos, que deben invertir más tiempo del que tienen, repercutiendo en la productividad. «Balears cuenta con unos 110.000 autónomos desbordados de trabajo en su día a día, y el actual sistema de cita previa es insuficiente, ineficaz y diría que inadmisible para una sociedad y economía que pretende ser cada día más competitiva».

Miquel Àngel Garcia asegura que el sistema está poniendo al ciudadano y al empresario entre la espada y la pared. «Se tienen que cumplir unos plazos para determinadas gestiones, pero no es posible porque para ello preciso una cita que no obtengo y que ni puedo demostrar que he pedido. Se me quita un derecho para cumplir con una obligación».

Esta situación ha creado lo que el Colegio ha calificado de «mercado alegal», que no sería más que la venta y gestión de citas previas: una auténtica aberración por ir en contra de uno de los principios más básicos de la Constitución, el derecho a la igualdad. Para Garcia, «se debería poder acceder a la administración cuando se necesita, y si para acceder hay que pagar a un tercero, el derecho de igualdad se está incumpliendo».