PIMEM celebra la prórroga del Verifactu, pero la considera tardía

PIMEM reconoce que la prórroga del Gobierno central a la hora de implantar el Verifactu y la factura electrónica llega tarde, pero era necesaria a raíz de la poca implantación que hay entre las pymes de Mallorca.

Según la patronal, empresarios y empresarias de diferentes asociaciones han comunicado que todavía no han adaptado sus sistemas, lo que manifiesta cierto déficit de preparación que compromete el cumplimiento del calendario. Y es que la Agencia Tributaria marca como fecha tope el 1 de enero de 2026 para que la norma sea obligatoria para casi 2,5 millones de pymes españolas y, a partir del 1 de julio, para 2,1 millones de autónomos.

Para el presidente de la Federación, Jordi Mora, “un sistema que afecta al 90% de los pequeños y medianos empresarios bien merece una prórroga para una correcta adaptación, pero lo que tenemos que tener claro todos es que el VeriFactu ha venido para quedarse y cuanto antes nos pongamos, mejor”. El presidente de PIMEM asegura que la prórroga llega demasiado tarde y que se tendría que haber decidido en verano, y recuerda que la inversión de los empresarios que ya la han hecho no es a fondo perdido, sino que la empresa estará preparada de cara a 2027.

Por su parte, el presidente de UATAE-Baleares, Jeroni Valcaneras, apunta hacia una medida que “lejos de simplificar la gestión administrativa de los autónomos, la complica”. En porcentajes, Valcaneras asegura que un 90% de los autónomos no lo ha implantado y se muestra escéptico sobre su utilidad.

Según algunas informaciones llegadas a la patronal mallorquina, entre las razones que explican este retraso destacan principalmente las económicas y de capacitación, además de la carencia de formación de sus empleados. Asimismo, la falta de tiempo y la incertidumbre normativa también han estado en boca de algunos empresarios.

A preguntas hechas internamente por parte de PIMEM, algunos presidentes de asociaciones reconocen cierta preocupación por las sanciones previstas, el poco conocimiento de la nueva normativa obligatoria y la “necesidad” de impulsar la información y el grado de concienciación.