PIMEM se opone a la reducción de la jornada laboral

La patronal insta a los representantes de Balears en el Congreso, especialmente al diputado nacionalista Vicenç Vidal, a que se opongan a la nueva ley por el impacto negativo que puede tener en el tejido empresarial de Mallorca

PIMEM rechaza frontalmente la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales anunciada hoy por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la clausura del congreso de CCOO celebrado en Toledo. Y es que la ministra ha comunicado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral.

La patronal asegura que es una decisión errónea y que se ha tomado sin tener en cuenta la opinión de los sectores más afectados. Para el presidente de PIMEM, Jordi Mora, «esta decisión al margen de las patronales generará un coste inasumible para las empresas, especialmente las de menor tamaño, que se estima en unos 20.000 millones de euros a nivel estatal». En este sentido, la patronal mallorquina critica que todos los costes irán a cargo del empresario, cuando realmente se deberían compartir con trabajadores y administración.

Por otra parte, PIMEM asegura que el segundo motivo por el cual rechaza la reducción de la jornada laboral es la baja productividad que hay en España. Para Mora, «es precisamente la productividad la que permite desde subir sueldos hasta bajar horas de trabajo. Estamos dando la espalda a mecanismos que nos ayudarían a conocer la productividad real, como el observatorio que tienen todos los países menos España, Italia y Estonia. Sin investigación y datos vamos a ciegas».

Para la patronal hay un tercer elemento, y en este caso afecta especialmente a Balears: los datos sobre el absentismo laboral, las bajas y la falta de mano de obra. «La medida de la ministra solo hará que perjudicar aún más la estabilidad y el funcionamiento de las pymes; en un mercado laboral muy marcado por el turismo y la temporada alta solo puede complicar aún más la viabilidad empresarial», según Jordi Mora.

PIMEM ha recordado que la medida, acordada solo por la ministra de Trabajo con los sindicatos, obvia que España es un país de pymes, y principalmente de micropymes y autónomos —que representan el 99,8% del tejido empresarial y el 75% de la ocupación de España—, y que esta medida impacta de manera directa sobre unas empresas que ya soportan un absentismo que en los últimos diez años se ha triplicado, hasta alcanzar un coste de 13.961 millones anuales para las empresas.

Para el presidente de la patronal mallorquina, «esta medida no tiene en cuenta las especificidades de cada sector ni la realidad empresarial en España, puesto que es evidente que las más afectadas serán las microempresas, que en los últimos años ya se han visto expuestas a grandes adversidades, como fue la pandemia de COVID y posteriormente las brutales subidas de sus costes de explotación por la guerra de Ucrania».

En este sentido, PIMEM recuerda que, según el barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos, a nivel estatal 700.000 pequeños y medianos negocios cerraron en pérdidas en 2023, unos 600.000 siguen con serios problemas de liquidez y el 26% aumentó su endeudamiento durante 2024. «El nivel de resistencia de comercios y pymes está al límite y en 2025, a pesar de los buenos datos de cara a la temporada alta, sigue habiendo incertidumbres internacionales que pueden provocar cambios inesperados, pudiendo ser letales para muchas empresas».

Por todo esto, el presidente de PIMEM ha asegurado que «cometemos un grave error como país fomentando desde algunos ámbitos del Gobierno que se genere una guerra entre empresas y trabajadores que perjudica a todos, en lugar de dignificar la figura del empresario para que cada vez haya más emprendedores que quieran abrir negocios».