Artículo en UH de Jordi Mora: «Cambios necesarios y eliminación de privilegios»

En los medios 31 de diciembre de 2020 · 5 min de lectura

Jordi Mora propone cambios fiscales, en plazos de pago y en la factura eléctrica para mejorar la competitividad de las pymes españolas.

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Cambios necesarios y eliminación de privilegios.

La crisis que ha golpeado a la UE, España y muy especialmente a las Illes Balears marcará seguramente una nueva manera de entender la economía y la empresa. La caída ha afectado sobre todo a las pymes, mientras que las grandes empresas, monopolios y oligopolios han podido aguantar mejor el golpe gracias a su patrimonio, la regulación favorable, la ingeniería financiera o las rentas excesivas acumuladas con el tiempo. Pero a lo que nos enfrentamos es a una situación marcada por tres variables que arrastramos desde hace tiempo pero que la pandemia deja aún más al descubierto y nos obliga a reaccionar: una deuda nunca vista, una productividad muy baja, y un clima social y político inédito en los 40 años que llevamos de democracia.

 

Una de las cosas que en PIMEM nos ha quedado claro es que las medidas aplicadas hasta ahora para superar la crisis que sufrimos son del todo insuficientes a nivel estatal. No todo se puede basar únicamente en las fórmulas que afectan al trabajo, sino que debemos mirar a los factores que inciden en la cadena productiva y sobre todo pensando a largo plazo. Hablamos de innovación, digitalización, robótica, impresión 3D o energías renovables; facetas que incidirán de manera decisiva en la competitividad de las pymes españolas, tanto si están ligadas al turismo como si no.

Pero volviendo al debate sobre la productividad: ¿qué se puede hacer desde el Estado para mejorar la vida de las pymes? Las pymes y los autónomos representan el 99% de las empresas, el 70% de los puestos de trabajo y el 60% del valor añadido de nuestro Estado. La Comisión Europea recomienda pensar primero a pequeña escala, pero en España todo parece pensado para las grandes empresas, y de ahí la necesidad de crear unos marcos adecuados de regulación que contemplen las necesidades de las pymes y los autónomos. Tres ejemplos pueden ilustrar perfectamente cómo sufrimos una legislación claramente desfavorable que afecta a nuestra productividad para acabar beneficiando a los de siempre.

 

Sistema fiscal empresarial. El impuesto aplicado a las pymes españolas, el Impuesto de Sociedades, es notablemente superior al que pagan las grandes empresas. Las grandes corporaciones se benefician de la ingeniería contable en la base imponible respecto al resultado contable. A estas reducciones las pymes no tienen acceso de forma real. Este agravio comparativo se da desde hace años y ha sido reconocido por el propio Ministerio de Hacienda, y solo muy recientemente ha implantado ligeras modificaciones.

 

Los plazos de pago a los proveedores. Según los datos de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, de la que PIMEM forma parte, las empresas que cotizan en bolsa pagaron en 2017 a sus proveedores a 187 días (la ley marca un máximo de 60 días entre privados), financiándose sistemáticamente a costa de estos últimos, siempre pymes. Los plazos de pago en España son los más largos de toda la UE y esto provoca un sufrimiento financiero, más costes añadidos e innecesarios de financiación propia y problemas de liquidez a muchas pymes que ven reducida su competitividad y, en algunos casos, su viabilidad. ¿Quiénes son los principales beneficiados? Las Administraciones Públicas y las grandes empresas, y especialmente aquellas que gozan de un dominio en el mercado.

 

La factura energética. Nuestras pymes están pagando de media unos 300 €/MWh por su consumo eléctrico, mientras que en Francia, Holanda o Portugal es de 150-200 €/MWh. Sin embargo, las grandes empresas pagan precios inferiores a la media que pagan las grandes empresas europeas gracias a su gran poder de negociación. Y es que esta última variable afecta de lleno a uno de los temas que menos ha interesado al Estado tocar: la llamada formación de los precios de los productos. En resumen, simplemente se ha mirado hacia otro lado a la hora de intervenir en determinados mercados oligopolísticos tanto de bienes como de servicios, haciendo que las reformas hayan sido poco o muy poco ambiciosas. Hablamos del mercado eléctrico, gas, telecomunicaciones, transporte aéreo y marítimo… Tocar todo esto supone alterar el orden establecido y por tanto toca el bolsillo de alguien interesado en que todo siga igual, aunque sea a costa de hundir la competitividad de los pequeños y de la economía.

 

Pero lejos de quedarnos de brazos cruzados, desde PIMEM, junto con Plataforma Pymes, tenemos muy claro que seguiremos trabajando por unos cambios que realmente nos conduzcan hacia un capitalismo inclusivo, basado en la igualdad real de oportunidades, pensando en la gente y el medio ambiente, y que den a nuestras pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos, el papel que se merecen dentro de España. Esta nueva economía que viene seguro que surgirá más por necesidad que por convicción, aunque hace tiempo que muchos ya estamos convencidos del camino a seguir.

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