APAEMA entre las entidades que piden limitar las centrales fotovoltaicas

Agricultores y ecologistas al límite ante la avalancha de nuevas centrales fotovoltaicas en el campo

Solo diez de los más de sesenta proyectos en curso ocuparán 3,2 km² de suelo rústico con la complicidad de las administraciones

Empresas energéticas y grandes capitales serán los propietarios de la transición energética si no se priorizan los proyectos comunitarios

La oleada de grandes centrales fotovoltaicas en el campo y las nuevas facilidades administrativas para su creación han superado la paciencia de entidades ecologistas y agrarias. A estas alturas, se están tramitando o proyectando más de 60 centrales fotovoltaicas en suelo rústico en Mallorca. Solo las diez más grandes ocuparán 3,5 km² de terreno agrario o forestal.

Ante esta situación, Amics de la Terra Mallorca, la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA), el GOB Mallorca, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Extintion rebelion, Fridays for Future y Terraferida advierten de que la urgencia de la transición hacia una energía renovable no se puede hacer a cualquier precio. Esta preocupación se extiende rápidamente dentro de los movimientos sociales y se están preparando para «movilizaciones más amplias».

Las entidades ven inadmisible que muchas de estas iniciativas de empresas energéticas y grandes capitales sean consideradas como «proyectos industriales estratégicos« y que así se acorte el procedimiento administrativo de ordenación territorial. A este malestar se añade que el miércoles pasado el Congreso de los Diputados aprobó una norma que reduce aún más los pocos requisitos ambientales a los que están sometidas, eliminando incluso la fase de participación pública.

Esta situación se está produciendo con todos los vistos buenos de las instituciones implicadas: ayuntamientos, Consell de Mallorca, Industria, Energía y lamentablemente también, Agricultura. Los mismos que aseguraban que solo se aprobarían los proyectos en suelo rústico si este no era productivo. Los mismos que todavía no han aprobado la modificación del plan territorial que debe decir dónde y cómo se ha de hacer la implementación según la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Cuando no hay más rumbo que cumplir con estadísticas europeas, ni un criterio que piense en el futuro de Mallorca, quien planifica son los intereses empresariales.

La delicada situación de la actividad agraria ya está empeorando a causa de esta nueva presión. Algunos agricultores han tenido que abandonar las tierras que cultivaban al verse desplazados por este cambio de uso. La construcción de estas centrales supone, además de la gran ocupación territorial, un impacto en el entorno por sus requisitos: kilómetros de nuevas líneas eléctricas, subestaciones transformadoras, etc. Ahora están en riesgo muchas fincas que se habían salvado de la urbanización y que desde hace siglos se cultivan y producen alimentos. Además de ser auténticos santuarios para la flora y la fauna de la isla, en retroceso por la creciente fragmentación del territorio por la urbanización.

¿Por qué se ocupa tierra fértil y zonas forestales en lugar de zonas ya urbanizadas que, además, ya tienen conexión eléctrica? Pues por el precio. Ahora mismo es más sencillo ocupar y modificar suelo rústico de alto valor, donde no existe ninguna regulación, que suelo industrial o urbano. Tanto el Govern como el Consell se niegan a intervenir en este grave conflicto, dejando en manos de la iniciativa privada dónde se han de instalar las centrales, pese a contar con subvenciones públicas extraordinarias para construirse.

El objetivo de hacer público este malestar es instar a las administraciones a garantizar una transición democrática y justa, que no solo esté al alcance de empresas energéticas y grandes capitales. Se debería conseguir un equilibrio entre las centrales fotovoltaicas y la potencia de las instalaciones de autoconsumo —individuales, colectivas o a través de comunidades energéticas— sobre cubiertas o suelos antropizados. Así se reduciría la presión sobre el suelo fértil. Es un propósito que el Govern debe asumir poniendo los medios —económicos, legislativos y reguladores— que sean necesarios.

Las entidades volvemos a proponer medidas para garantizar una transición energética alejada de la especulación energética, adaptada al territorio, democrática y justa. No podemos seguir asistiendo a la ocupación indiscriminada de suelos agrícolas con grandes centrales fotovoltaicas por parte de grandes grupos inversores que, únicamente, persiguen un interés financiero.