PIMEM se opone a subir el SMI y a la reducción de jornada

PIMEM lamenta que el diálogo abierto por la subida del SMI propuesta por sindicatos y Ministerio deje fuera las consecuencias negativas y reales que puede tener para las pymes de Mallorca y del Estado español, y que nada de lo comunicado esté sobre la mesa del Diálogo Social. La patronal mallorquina asegura que la subida se hace sin tener en cuenta aspectos tan importantes como la productividad, la implicación en la contratación administrativa, el absentismo laboral o la falta de personal en según qué sectores.

«Las pymes tienen muchos frentes abiertos que condicionan su competitividad e incluso su supervivencia a medio y largo plazo. La decisión de subir el salario mínimo interprofesional no hace más que llover sobre mojado», según su presidente, Jordi Mora.

La Federación asegura tener información de sus diferentes sectoriales sobre lo perjudicial que puede ser una medida de este tipo, especialmente en sectores tan importantes como el primario. «Tenemos un mapa formado por microempresas agrícolas que ven cada día reducirse sus márgenes de beneficio por el incremento de costes de todo tipo, y ahora se les pide un esfuerzo con la subida del sueldo. No es que no se quiera: es que no pueden, y de manera preocupante vemos cómo puede condicionar aún más su viabilidad», ha añadido Mora.

No a la reducción de la jornada laboral y sintonía total con el ejecutivo autonómico

PIMEM coincide con el Govern: cada territorio tiene una realidad económica y empresarial diferente, y en este sentido reitera su negativa a la reducción de la jornada laboral.

La Federación asegura que en estos momentos el Ministerio que dirige Yolanda Díaz no tiene en cuenta aspectos tan importantes como la mejora de la productividad, el absentismo, la reducción de la altísima incidencia de las bajas laborales, la falta de profesionales y de perfiles cualificados, la dificultad de cobertura de determinados puestos de trabajo, la reducción del paro y la mejora del tiempo de trabajo pactado.

La patronal mallorquina ha mantenido que esta medida tendrá un impacto mayor en las micro y pequeñas empresas, tal como indican diversos estudios como el de BBVA Research o los indicadores de la OCDE y el INE. Los estudios realizados por estas instituciones apuntan a que no se puede restar más capacidad de crecimiento empresarial y, a su vez, la Federación añade que en el caso de Baleares se suma el impacto que supone para una economía basada en el turismo y con una marcada estacionalidad.

Sobre los impactos que puedan tener estas medidas, PIMEM pide tener en cuenta las experiencias vividas en otros países, donde la fuerza de la negociación colectiva para mejorar los aspectos negativos de la reducción de la jornada laboral ha dado sus frutos. El presidente de PIMEM, Jordi Mora, recuerda que «lo demuestra el caso de Alemania que, con una jornada legal máxima alta, tiene un número efectivo de horas de trabajo más bajo y unos indicadores de productividad mucho mejores que los nuestros. Y es que no podemos olvidar que, a nivel de productividad, nuestro Estado está a los niveles de Turquía».

Algunos sectores de PIMEM han recordado a la Federación que «las pymes y las personas autónomas siguen haciendo frente a elevados costes empresariales a consecuencia de las diferentes crisis de los últimos años, la tensión inflacionista y el incremento de las cotizaciones sociales». Mora añade que «a estas constantes comunicaciones internas que nos llegan por parte de nuestros socios, desde la patronal sumamos el aumento de los recursos que deben destinarse a cumplir normativas y otras obligaciones, algo que se complicaría aún más con un endurecimiento del registro horario».

PIMEM, como viene comunicando desde hace meses, asegura que esta medida también comportará la necesidad de incorporar trabajadores y trabajadoras para cubrir las horas de trabajo, lo que solo puede empeorar la situación, ya que hay sectores con dificultades para encontrar profesionales. Finalmente, la patronal mallorquina pide que los gobiernos garanticen las dotaciones presupuestarias necesarias para asumir el incremento de costes que comportará en los contratos públicos y en el resto de instrumentos de colaboración pública y privada donde hay un uso intensivo de mano de obra, en muchos de los cuales el impacto económico de la medida supera el margen previsto en el instrumento de colaboración.