El Congreso tumba la reducción de jornada: por qué las pymes la rechazan

Las pymes no nos oponemos a medidas que puedan mejorar nuestro mercado de trabajo y la calidad de vida de las personas trabajadoras si además ayudan al impulso de la competitividad de nuestras empresas, pero cuando se toman decisiones de tanto calado sin consenso, sin medir las consecuencias, sin procesos adaptativos y abocando a muchas pymes al cierre, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La propuesta de reducción de jornada se quiere imponer atentando contra la libertad de empresa y contra el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, que establece el marco de la Carta Magna para la negociación colectiva, garantizando estos derechos.

La regulación legal de la jornada laboral con una reducción de la misma, una vez cerrado un ciclo de negociación colectiva compleja para muchas pymes por el impacto de la tensión inflacionaria, y existiendo en el mismo momento reivindicaciones sindicales en materia de jornada, significa además una descompensación de los equilibrios de cualquier sistema de relaciones colectivas.

El hecho de que PP, VOX y Junts hagan caer el proyecto de las 37,5 horas tiene que entenderse dentro del marco de la normalidad de la democracia. Acusarlos de ir en contra de los trabajadores sí que es una anomalía, porque existe el riesgo, al querer reducir la jornada, de que muchos trabajadores pasen de 40 horas a cero.

Hemos de ser conscientes de las graves consecuencias que, para el Estado del Bienestar en general, y para la vida cotidiana y personal de todos los ciudadanos en particular, comporta esta medida que amenaza la supervivencia de miles de pymes y autónomos de nuestro país y la generación de empleo. Con esta medida, y el conjunto de medidas que plantea el Ministerio en ámbitos laborales, lo que está en juego es la supervivencia de nuestro tejido empresarial.

Las pymes representamos más del 62% del Valor Añadido Bruto generado por las empresas no financieras. Suponemos el 99,8% de las empresas y casi el 70% del empleo empresarial total y, a pesar de ello, no se nos tiene en cuenta en la toma de decisiones. Además, el 86% de las empresas en España tienen menos de 10 trabajadores a su servicio. Somos un país de pymes con una dimensión media por debajo de la mayoría de los países con los que competimos.

Estamos asistiendo a un menosprecio de la negociación colectiva y el diálogo social, que es un pilar fundamental de la democracia y un componente esencial del modelo social europeo, donde no se tienen en cuenta las consecuencias negativas que tiene, para nosotros y para nuestro Estado, la implementación de políticas que afectan a nuestro futuro y viabilidad.

Este cambio normativo no es solamente una reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, sino que lo que pretende es: reducir la jornada; crear un nuevo registro de jornada, que supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa y a la privacidad y, al mismo tiempo, comporta una presunción implícita de incumplimiento empresarial en materia de jornada que es inadmisible; reforzar el derecho a la desconexión digital, con el derecho del trabajador a no estar localizable fuera de su horario de trabajo, y cambiar el régimen sancionador, multiplicando la cuantía de las sanciones.

No se ha tenido en cuenta ni el tipo de actividad, ni el diferente impacto en relación con la dimensión de las empresas o en los diferentes sectores económicos, ni las nuevas formas de trabajo, como el empleo por objetivos, el teletrabajo o la distribución irregular del horario para favorecer la conciliación. Tampoco tiene en cuenta la flexibilidad con la que trabajan las empresas más pequeñas y los autónomos, en muchos casos negocios familiares, lo que dificultará la implantación del sistema de seguimiento de la jornada de 37,5 horas. No hacerlo llevará aparejadas multas muy elevadas, de hasta 10.000 € por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500 €. Estas medidas, junto a otras que está impulsando el Ministerio, consideramos además que menoscaban la negociación colectiva y, en cierta manera, la libertad de empresa, y estigmatizan a los empresarios y empresarias de nuestro país al establecer una fiscalización de su actividad hasta límites poco razonables, partiéndose de la presunción de que estos incumplen sistemáticamente la normativa laboral en vigor.

Tampoco se ha considerado el impacto en las empresas sujetas a instrumentos de colaboración pública y privada, sea contratación pública u otros instrumentos de provisión de bienes y servicios, en los que el incremento de costes asociado a la medida implicará el desequilibrio económico del contrato. Y esto sin que haya sido resuelta la problemática de la necesaria desindexación de estos contratos para poder aplicar los constantes incrementos de costes laborales que las regulaciones legales vienen imponiendo.

Las pymes y autónomos nos oponemos a la reducción de la jornada laboral impuesta por ley y fuera de la negociación colectiva, así como a cualquier medida que nos afecte que no sea consensuada en las mesas de negociación. La propuesta que pueda desarrollarse debe ser abierta a los equilibrios de la negociación colectiva y recoger los principios esenciales y compartidos, y debe abrirse a una sociedad plural donde todos se integran, personas trabajadoras y empresarias.

Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, y que de hecho ya se están pactando de manera bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución, que establece el marco constitucional para la negociación colectiva, garantizando este derecho y su fuerza vinculante.