Los transportistas de PIMEM critican las medidas del Gobierno al carburante

ASTAM asegura que las ayudas al carburante aprobadas premian más a los vehículos privados que a los profesionales, pese a ser estos últimos los más castigados por la guerra de Irán. Además, la asociación que preside Jeroni Valcaneras señala que, como consecuencia de las medidas aprobadas, los transportistas tendrán que renunciar a aplicar a sus clientes los incrementos del precio del combustible en sus tarifas, al imposibilitarse la aplicación de la fórmula de revisión que fue aprobada en 2022 con ocasión de la guerra de Ucrania. Valcaneras advierte de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no reacciona y rectifica estas medidas antes de que finalice este mes de marzo.

Tras analizar el texto legal aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, ASTAM pone de relevancia la injusta desproporción en el reparto de las ayudas aprobadas. Mientras que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el cien por cien del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, en el caso de los vehículos profesionales del transporte por carretera las ayudas solo amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real que están soportando, pese a ser el colectivo más afectado por la guerra de Irán, y sin tener en cuenta el impacto ocasionado en estas 3 semanas de guerra, que ha supuesto un sobrecoste para el sector cercano a los 250 millones de euros por la subida del diésel.

Se da además la paradoja de que, pese a que la bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro (idéntica a la aprobada en 2023, pese a que en aquel momento el gasóleo estaba 20 céntimos más barato), en la práctica se verá reducida en un 25% al eliminar el Decreto-ley la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007. Es, por tanto, falso que las medidas vayan dirigidas a apoyar a los sectores profesionales más afectados por la crisis en Oriente Medio, como se recoge en el Decreto, y además resulta incomprensible que en el actual momento de escalada del precio del crudo a nivel internacional se fomente el uso del vehículo particular en detrimento del transporte público.

Pero es que además el Decreto aprobado imposibilita en la práctica que los transportistas puedan repercutir a sus clientes los incrementos de costes derivados de la subida del diésel en más de un 30% desde que se inició la guerra. De hecho, las medidas aprobadas perjudican gravemente la capacidad de los transportistas de trasladarles el incremento del precio de los carburantes mediante la aplicación de la fórmula de repercusión de la variación del combustible que prevé la regulación sectorial y que fue aprobada en 2022 con ocasión de la guerra de Ucrania. Al no actualizarse el porcentaje que el diésel representa hoy en los costes de explotación de los vehículos de transporte y reducirse el precio de los carburantes para los particulares por el efecto de las medidas aprobadas —que es el que se toma de referencia para aplicar dicha fórmula—, la aplicación del Decreto-ley obligará a los transportistas a renunciar a la repercusión de dichos incrementos, dejándolos en una situación de total indefensión y desamparo frente a sus clientes y agravando su precaria situación económica.

Ante este escenario de asfixia económica para el sector del transporte por carretera y la absoluta insuficiencia de las medidas aprobadas, ASTAM advierte de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no reacciona y rectifica estas medidas antes de que finalice este mes de marzo. “El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación”, advierten desde la asociación de transportistas de PIMEM.